David Maeztu es un abogado riojano que expresa sus opiniones a través del blog “Del derecho y las normas“, y que recientemente asistió a titulo personal a la reunión en la Academia de Cine convocada por su presidente Alex de la Iglesia. Dejando bien claro que asistió en su condición de letrado especialista en la materia, y al margen de que todos podemos pensar que trata de promocionarse, ahora ha tenido la idea -también a nivel personal- de proponer un texto alternativo a la Ley Sinde que, respetando el fin que persigue la ley, propone que el consumidor final de los productos quede indemne y se centre la persecución legal en quienes actúan de intermediarios que difunden los contenidos culturales sin la autorización de sus legítimos titulares, eso sí reforzando las garantías para que sea un juez y no la administración quien decida en último término sobre el cierre o no de una página web.
Personalmente, recomiendo leer este enlace –> veo bien su iniciativa ya que tan solo trata de buscar un principio de acuerdo que haga posible que PP y PSOE saquen adelante una ley necesaria. Y por eso le defiendo frente a los virulentos e injustos ataques que está sufriendo en las últimas horas, muchos de ellos propiciados por fanáticos que no se han tomado la molestia de leer su contenido. Y aunque discrepe parcialmente con su propuesta, alabo que se haya tomado la molestia estudiarla, redactarla y sugerirla.
En síntesis lo que pretende la modificación propuesta por David Maeztu, puede resumirse así:
–1º) Establecer las conductas ilícitas que permitan la persecución de los prestadores de un servicio de intermediación siempre que estos tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o lesiona bienes y derechos de un tercero susceptibles de indemnización; o cuando no actúen con la diligencia debida para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos.
–2º) La Comisión de Propiedad Intelectual creada por el Ministerio de Cultura tendrá exclusivamente las funciones de mediación y arbitraje y de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual que le atribuya la ley. Correspondiendo a su Sección Segunda evaluar y notificar posibles lesiones de los derechos de propiedad intelectual frente a los responsables de servicios de la sociedad de la información.
–3º) Serán posteriormente los afectados por las conductas ilícitas de los prestadores de un servicio de intermediación que no hubiesen retirado los datos o hiciesen posible el acceso a los mismos, los que deberán tomar la decisión de acudir a los tribunales ordinarios ejercitando las acciones ya previstas actualmente en la Ley de Propiedad Intelectual, entre las que se encuentran las medidas cautelares que permitirían la retirada de los contenidos o el cierre prácticamente inmediato de las páginas web que vulnerasen los derechos protegidos por la L.P.I.
Por un camino distinto, se puede lograr el mismo objetivo. Tan solo es preciso tipificar las conductas ilícitas para que los jueces puedan actuar contra los intermediarios; y esto es lo que hace la propuesta de David Maeztu. Su error ha consistido en exponerla de una manera tan técnica que no ha sido entendida por casi nadie, y no ha ayudado a llegar a un buen entendimiento la intoxicación de algunos medios capitaneada por la Cadena Ser ,que ha atribuido la coautoria de la propuesta de David Maeztu a otras personas con influencia en internet, que también estuvieron presentes en la reunión con Alex de la Iglesia, y que ya se han encargado de desmentirla en su blogs personales.
Al internauta-ciudadano-usuario carente de conocimientos jurídicos, todo este embrollo no ayuda en nada a que entienda ni el contenido de la propuesta ni las posturas adoptadas por todas las partes. Si a ello le añadimos que en el año 2011, cuando los “internautas” suponen un 75% de la población, a muchos les/nos molesta que unos pocos, hablen en nombre de todos sin haber sido elegidos democráticamente para ello y quieran representarnos, cuando están en todo su derecho de proponer cuanto quieran, pero en su nombre. En todo caso, con un contenido u otro, la Ley Sinde saldrá adelante, y cuanto más consenso, comprensión de la misma y entendimiento lleve consigo, será mejor para todos.